VICISITUDES DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(experiencia innovadora sobre implementación de políticas. 1996)
En los primeros días de abril de 1993, comenzó a funcionar la Secretaría de Políticas Universitarias dentro de la órbita del Ministerio de Cultura y Educación. Uno de los instrumentos centrales de política universitaria planteados desde la Secretaría fue la elaboración de una ley-marco que definiera un régimen normativo común para todas las universidades, de gestión estatal o privada, y para la educación superior no universitaria, a fin de contextualizar y organizar el funcionamiento de un sistema de educación superior.
Con este objetivo, la Secretaría tomó la iniciativa de elaborar nuevos marcos normativos que culminaron en el proyecto de ley y que buscó discutir y consensuar con los principales actores afectados por la transformación de la norma.
De este modo, la gestión inaugurada por el flamante Secretario de Políticas Universitarias, Lic. Del Bollo, fue planteando un conjunto de medidas -además de la Ley de Educación Superior- destinadas a definir pautas de planeamiento para el sector universitario mientras explicitaba su intención de recrear los vínculos entre el Poder Ejecutivo Nacional y las universidades.
Se iniciaron así una serie de reuniones que buscaron consensuar posiciones con los rectores de las universidades públicas y privadas, con la gremial docente y con los estudiantes. Luego de dos años de intensas negociaciones, en agosto de 1995 se sancionó la nueva Ley de Educación Superior. Sin embargo, los conflictos no terminaron allí.
Con el planteo del caso se pretende poner de manifiesto los diferentes intereses que se encontraban en juego y cuáles fueron las distintas estrategias discursivas que sostuvieron las tomas de posición. Asimismo, se proponen algunos interrogantes acerca de las lógicas de acción política y de gestión de los múltiples actores involucrados. |
