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Presentación del libro en Evento OGP y Descarga gratuita

Por Ester Kaufman, 15 noviembre, 2014 15:59

Tengo el agrado de comentarles que el libro Teoría y Práctica del Gobierno Abierto. Lecciones de la experiencia internacional (autores Kaufman-Oszlak) Ed. OEA-Red GEALC-IDRC, será presentado en el Encuentro Regional de la OGP, en Costa Rica, el martes 18 de noviembre (ver programa en http://www.ogpsanjose.org /). La coordinación de la presentación es de la Red GEALC e intervendrá en su nombre Fabrizio Scrollini, ILDA. En cuanto a la presentación, estará a mi cargo.

La descarga gratuita de ese libro puede realizarse en http://www.redgealc.net/teoria-y-practica-del-gobierno-abierto-lecciones-de-la-experiencia-internacional/contenido/5951/es/

Recomendaciones con base en la investigación realizada sobre GA y a sus conclusiones

Por Ester Kaufman, 20 septiembre, 2014 18:05

Recomendaciones

Como resultado del relevamiento realizado, estamos en condiciones de avanzar con algunas recomendaciones que pueden ser útiles para mejorar los planes de acción, en la medida que exista voluntad política para abordar aspectos primordiales de apertura y de profundidad en los cambios.

En cuanto a las grandes transformaciones, sabemos que la voluntad política es prácticamente inexistente, especialmente cuando se trata de compartir el poder con la sociedad. Más específicamente, nos referimos a las líneas que apuntan a generar un estado en red que incluya a la comunidad como parte activa. En ese sentido, hemos registrado escaso desarrollo de nuevas estructuras, funciones y capacidades para generar articulaciones transversales, diagonales y verticales; en definitiva, el entramado colaborativo y abierto entre sociedad y estado.

Tomando ese escaso desarrollo como una realidad extendida, aunque en plena transformación, formularemos algunas líneas de acción progresivas para promover el involucramiento paulatino de las máximas autoridades.

1. Formas de avance

La premisa debería ser “comenzar desde lo pequeño pensando en grande”. Algunos planes hacen mención a ello. Esta premisa apunta a una expansión horizontal de las buenas prácticas como resultado de un efecto mimético. Esa expansión muchas veces ni siquiera está prevista. En algunos casos la experiencia inicial ha surgido de algún área de escasa relevancia; en otros, es fruto de la decisión política de comenzar con una iniciativa pequeña y escalarla a medida que se van presentando oportunidades favorables. Esta escalabilidad se da más por adhesión de los distintos actores que como expansión impuesta. Lo dicho se conoce como “efecto de bola de nieve”. No cualquier experiencia puede alcanzar esos efectos. Sólo las iniciativas sustentadas en necesidades genuinas contienen en si mismas la potencialidad de inducir su propia expansión, con creciente alcance y profundidad.

Sin perjuicio de los comienzos modestos, las iniciativas deberían tener, al mismo tiempo, un alto nivel de aspiración y de inspiración para que otros avancen en el mismo sentido, en sus propios ámbitos.

Existen muchísimas experiencias en ese sentido. Entre las que hemos visto, podemos destacar el proyecto piloto de portal de datos abiertos de Colombia, en el que comenzaron a participar cuatro entidades estatales, con vistas a ampliar el número de instituciones.

Otros principios detectados en algunos planes apuntan al enfoque ciudadano y a la simplicidad. En este sentido, las iniciativas deben responder a las necesidades básicas de los ciudadanos y facilitar sus vidas cotidianas. Por otra parte, deben simplificar y clarificar, y nunca sumar complejidad o ambigüedad, a la ciudadanía..

2. Algunas acciones a recomendar, inferidas de buenas prácticas presentadas.

Las acciones a recomendar apuntan a fijar algunas líneas para apuntalar la redacción y mejoramiento de los planes de acción y a ampliar sus bases de sustentación en cuanto a sectores y actores intervinientes. En estas recomendaciones también consideramos cuestiones relativas a las áreas de coordinación, con el objetivo de jerarquizar la importancia política de los compromisos e incluir aquellos sectores relacionados a aspectos sustantivos.

Redacción y mejoramiento de los planes de acción

  • Revisar las convocatorias para la redacción y el mejoramiento de los planes de acción, para verificar que se esté incluyendo la mayor cantidad de actores, tanto del sector público como de la sociedad civil y el sector privado.
  • Generar espacios interactivos virtuales de debate y de escritura colaborativa sobre los temas y términos a ser incluidos en el Plan de Acción.

Áreas de coordinación

  • Evitar la supremacía de los sectores tecnológicos en la redacción del Plan.
  • Incluir en la coordinación a las áreas sustantivas del Poder Ejecutivo, como aquellas relacionadas a la gestión de políticas sociales, del acceso a la información, de prevención y lucha contra la corrupción, entre otras.
  • Incorporar a los otros poderes y niveles de gobierno.
  • Propiciar la co-participación de grupos de la sociedad civil, de las OSC, de la academia y de sectores privados en todas las etapas del ciclo del Plan.

Planes de acción específicos

  • Emitir directivas para que los distintos organismos redacten sus propios planes de acción en sintonía con el plan presentado ante la OGP.
  • Incentivar a los estados subnacionales a redactar sus propios planes de acción, los que en conjunto deberían enriquecer las iniciativas y compromisos del Plan de Acción nacional. Para ello, se recomienda crear espacios online de intercambio y aprendizaje recíproco.

Normas legislativas y marcos regulatorios

  • Convocar al Poder Legislativo para el dictado de normas relacionadas con el GA, que sustenten legalmente las medidas que vayan incorporándose al Plan de Acción.
  • Convocar a las áreas pertinentes del Poder Ejecutivo para que dicten marcos regulatorios, manuales y guías, en permanente perfeccionamiento, para la gestión de información, de la participación y tecnológica, entre otros.

Involucramiento de la ciudadanía con los planes

  • Difundir los avances relacionados con el plan de acción a través de los distintos medios, entre ellos, las redes sociales, a fin de obtener retroalimentación de distintos sectores de la comunidad.
  • Generar espacios de escucha ciudadana que permitan integrar las opiniones de la población, así como sus prácticas de monitoreo y evaluación.

Consulta ciudadana en la provisión de servicios

  • Incluir la opinión del usuario ante cada servicio recibido e integrar el conjunto de opiniones al sistema de mejora continua.
  • Detectar, en cada ocasión de prestación, cuál es el canal más adecuado de entrega como, asimismo, si la información sobre el servicio es la pertinente, su comprensibilidad, así como las barreras burocráticas encontradas.

Gestión de información

  • Crear un área de coordinación para la gestión de información diferenciada del área tecnológica pero sincronizada con ésta. Paralelamente, cada organismo debería tener su propia unidad de gestión de información conectada con el área de coordinación referida a través de enlaces designados a fin de avanzar conjuntamente en articulaciones crecientes. Estas unidades y enlaces no deben ser los mismos a cargo de la gestión tecnológica.
  • Incluir medidas relacionadas con la gestión de información que impliquen un ordenamiento progresivo y sistemático de la información / documentación existente, para lo cual debería convocarse a expertos internos y externos; entre ellos: documentalistas, bibliotecarios y archivistas.
  • Establecer los lineamientos para lograr marcos comunes de gestión de información, lo que incluye el acceso, la protección de la privacidad, la transparencia activa, la protección del derecho de opción de los consumidores, la gestión del ciclo de vida de los documentos, la catalogación común y la creación de todos los estándares necesarios. Paralelamente, se recomienda la aplicación paulatina y transversal de dichos estándares, considerando su permanente revisión por parte de los expertos y de los sectores formales que vayan adhiriendo. Dentro de este conjunto, se recomienda crear plataformas online que permitan una puesta en común de recursos entre una cantidad creciente de expertos, áreas y organismos.
  • Promover la formación en gestión de información y la profesionalización de quienes estén a cargo de la misma, acorde a las necesidades específicas del estado y de la sociedad. Para dicha formación y profesionalización deberá convocarse a sectores universitarios relacionados con las ciencias documentales y archivísticas.

Gestión de la participación

  • Establecer los lineamientos para crear un área de coordinación para gestionar la participación ciudadana, junto a la fijación de áreas responsables en los organismos y de enlaces a cargo de la articulación transversal, a fin de que, en conjunto, puedan detectar mejores prácticas, establecer estándares y compartir recursos. Se recomienda, como en otros casos, establecer espacios online para la puesta en común.
  • Promover la formación en gestión de la participación, acorde a las necesidades específicas del estado y de la sociedad. Para dicha formación deberá convocarse, para el apoyo, al sector universitario.

Gestión de las comunicaciones

  • Incluir medidas relacionadas con la gestión coordinada de las comunicaciones en general y de los servicios en particular, que impliquen un avance hacia la concreción de un lenguaje claro, a fin de reducir la brecha lingüística con la ciudadanía. Para ello deberían realizarse testeos permanentes por audiencias objetivo. Se recomienda crear plataformas online para detectar y comunicar buenas prácticas, proveer una formación común y elaborar estándares. Es relevante incentivar la participación de comunidades de práctica relacionadas.

Protección del funcionariado

  • Incluir marcos de protección para el funcionariado en cuanto a sus derechos a la carrera y formación.
  • Proveer suficiente cobertura a los funcionarios que deseen realizar denuncias ante su conocimiento de irregularidades administrativas.

Formación para el GA

  • Crear espacios conjuntos online para incluir iniciativas y resultados, para incorporar contenidos y para socializar los cursos que se vayan lanzando.
  • Formular planes estratégicos que apunten al cambio cultural interno, con ayuda de la comunidad.
  • Identificar competencias ausentes en los funcionarios y empleados públicos a fin de ser provistas por líneas de formación continua, transversal y multiactoral, que permitan, por un lado, generar gestores en áreas prioritarias no cubiertas y, por el otro, avanzar en la integración creciente del estado.
  • Motivar la formación de comunidades de práctica, particularmente en lo relativo a la gestión de información, la gestión de la participación y la gestión tecnológica, para también integrarlas a la redacción o mejora del Plan de Acción.

Innovación y GA

  • Considerar cada medida como parte de un sistema más complejo y permanente, evitando las acciones aisladas, como eventos, hackatones, campañas, talleres, etc., a fin de impulsar mecanismos estables propiciadores de círculos virtuosos y mejoras permanentes.
  • Impulsar círculos virtuosos donde estén presentes las necesidades y expresiones ciudadanas motorizando las líneas de innovación.
  • Incentivar el desarrollo de proyectos piloto de innovación en todas las líneas vinculadas al GA. Dichos proyectos deberán contar con los recursos y componentes necesarios para que las experiencias sean adecuadamente validadas en términos de aptitud, viabilidad, factibilidad, sustentabilidad y expansibilidad.

Siguen los adelantos de la investigación: cambios, legitimidad y conclusiones finales

Por Ester Kaufman, 27 agosto, 2014 13:22

Apertura y cambios,  legitimidad y conclusiones

Continuemos con los adelantos de la investigación realizada.

Veremos, en esta ocasión, las aperturas y los cambios; también la legitimidad de los planes de acción. Adelantamos, paralelamente, las conclusiones finales

Las clases de aperturas han quedado claras a través de los distintos modelos básicos y enfoques singulares de GA ya desarrollados, así como por las tendencias marcadas en el posteo anterior.

Estas aperturas representan la tensión entre lo que precede y lo que está puesto en juego en la actualidad, tensión que está claramente expuesta por Roberto López (2013, 2), al sostener el gobierno abierto trasciende al gobierno electrónico en un aspecto crucial: mientras el gobierno electrónico es una cuestión de gestión, el gobierno abierto es una cuestión de poder. Pero aunque lo trasciende, necesariamente lo incluye.

Ese poder está concentrado en la naturaleza de las aperturas que, como vimos, son varias y de distinto tipo. Ello está vinculado con quiénes son sus destinatarios o beneficiarios y el grado de profundidad del cambio previsto.

Hemos observado que, si bien existe una gran concentración de medidas que beneficiaría a la gestión interna y al aumento de capacidades, ello no parece reflejarse en un mejoramiento de las condiciones hacia una gestión abierta, tanto en lo relativo a las transformaciones culturales como a lo específico relacionado con gestión de la participación y la información.

La sociedad debería, además, estar incluida como un conjunto de actores activos, no como meros destinatarios. Esa es la tónica que imprime Corea del Sur a su Smart Government caracterizado por la consulta y coproducción permanente con la sociedad. Vale recordar, al respecto, como las medidas relacionadas con participaciones o consultas ocasionales (juntando ambos grupos) sólo alcanzan al 24,20% de todas las medidas analizadas. Respecto a las articulaciones que involucran a la ciudadanía (diagonal y vertical) el resultado es aún más sombrío. En ambos grupos sólo el 2,9% de las medidas está relacionado con la articulación diagonal. En cuanto a la articulación vertical, debemos diferenciar el grupo regional, cuyo porcentaje es muy bajo (2,2%), del grupo no latinoamericano, donde el porcentaje es mayor (6,6%).

Con estas cifras no podemos estar hablando de seriamente de “apertura”. Estamos hablando de estados aún centrados en sí mismos. Como consecuencia, tampoco existe un enfoque ciudadano verificado efectivamente con la ciudadanía.

Esta situación no parece que fuera a variar porque no vemos una masa crítica de medidas dirigidas a cambiar la cultura interna para gestionar la participación e integrar al estado con enfoque ciudadano. En ese sentido, podemos prever que no avanzamos decididamente hacia un enfoque de gobierno abierto consistente con lo que la literatura ha identificado como tal.

Concluimos que la naturaleza de esa apertura es aún declamativa porque el grado y profundidad de las medidas no alcanza a impactar significativamente en una apertura genuina del estado.

Algunos aspectos relacionados con la legitimidad de los planes de acción

Consideraremos la legitimidad de las medidas anunciadas en los planes de acción en función de cuán amplia sea la base de participantes en el ciclo de los planes de acción. Esta amplitud incluye tanto a las jurisdicciones y niveles de gobierno como a la intervención de la sociedad en sus múltiples representaciones.

Por otra parte, la ubicación del área responsable de la coordinación del plan es muy relevante para inferir cuánta vocación política existe alrededor de este enfoque efectivamente aperturista; o para darnos cuenta de su inexistencia. Otro indicador es el normativo y también la existencia de marcos o directrices emanados de las máximas autoridades, a fin de garantizar la prevalencia de un mismo modelo de GA.

Veamos qué información contamos al respecto.

En la investigación realizada en el ámbito del BID, y desarrollada por Dassen y Ramírez-Alujas (2014: 19 y sig.), surgen algunas pautas relacionadas a los temas aludidos. Una de ellas refiere al (los) órgano (s) responsable (s) y labores de coordinación. Aclaramos que la información que vuelcan tiene su fuente en entrevistas realizadas por dichos autores.

Los organismos responsables y de coordinación de los planes de acción pueden ser: a) unidades de gestión pública cercanas a la Presidencia de la Nación; b) áreas a cargo del gobierno electrónico; c) áreas de transparencia o integridad pública; d) instancias de coordinación u organismos multisectoriales (BID; Dassen y Ramírez-Alujas, 2014: 20). En tal sentido consideramos que la legitimación de los planes de acción no se da en el caso b, podría darse en el c. si el área está alojada en un órgano central, como la Presidencia o la Jefatura de Gabinete pero no especializada exclusivamente en tecnología sino, como se ve en ese caso, en la gestión de la transparencia o la integridad pública, aunque no son temas únicos. Por otra parte, el encontrarse la gestión en unidades cercanas a la Presidencia resalta el compromiso de las autoridades más altas, cuando están en juego competencias de coordinación u organismos multisectoriales.

Ahora intentaremos dilucidar qué pasa con esta legitimación dentro del grupo no regional. La información que contamos surge sólo de sus planes de acción. Por lo tanto, es muy limitada. Haciendo esta salvedad, mencionamos algunos hallazgos:

En los Estados Unidos la tarea de coordinación está a cargo el Open Government Working Group constituido dentro de la White House. Ellos han quedado a cargo de la convocatoria y de la implementación del Plan. Los actores convocados son funcionarios de primera línea provenientes de los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo; los stakeholders, las organizaciones de la sociedad civil y, también, el sector privado. Respecto a la consulta con la sociedad, han abierto un proceso de intercambios a través de blogs sobre temas tales como integridad pública, recursos y servicios. Por otra parte, el gobierno ha ordenado la publicación de los esfuerzos sobre GA (“The Obama Administration’s Commitment to Open Government: A Status Report”)[1]. La “OMB Open Government Directive” exige a las instituciones la fijación inmediata de pasos específicos y el establecimiento de metas de largo plazo para lograr una mayor apertura y transparencia. Además, muchas de sus instituciones han creado sus propios planes de acción, los que contemplan la divulgación de cómo ellos aumentarán la transparencia e incorporarán la participación pública y la colaboración dentro de sus actividades centrales.

En el caso de Gran Bretaña, su Plan nos informa que el organismo responsable de la coordinación, implementación y mejoramiento es su Public Sector Transparency Board, organismo multisectorial dirigido por el Ministro del Cabinet Office. Entre otros, entre sus miembros pueden encontrarse un conjunto de especialistas en datos quienes están incentivando a las instituciones públicas a la implementación de la transparencia y de los estándares de datos abiertos.

En cuanto a la representación pública y social, en Finlandia la formulación estuvo a cargo de la sociedad civil, representantes nacionales, regionales y locales y también organizaron reuniones abiertas en localidades y por Internet (se utilizaron técnicas de crowd-sourcing). En Estonia existieron consultas previas a los ministros del Poder Ejecutivo; y en Canadá la consulta se extendió a ciudadanos, sector privado e instituciones públicas claves de todos los niveles de gobierno[2].

En estos casos también observamos que la legitimación puede provenir de la amplitud de niveles de gobierno incluidos. Otro factor que favorece la legitimación del plan es si han incluido al poder legislativo y al judicial.

Conclusiones de lo analizado

Tal como venimos adelantando, no encontramos las condiciones que garanticen un desarrollo pleno del GA, ni siquiera la intención manifiesta de avanzar efectivamente en ese camino. Las nuevas estructuras, funciones y capacidades, las articulaciones y espacios multiactorales; esto es, el entramado colaborativo y abierto entre sociedad y estado trabajando en red, sólo exhibe indicios que, cual rara avis, aparecen solitariamente en unos pocos planes.

Estos escenarios de una auténtica apertura no son sencillos de conseguir ni de difundir, al decir de Gascó (2013). De nada vale la multiplicidad de actividades de sensibilización o formación si no están concebidos para lograr un cambio efectivo.

A ello debe agregarse que no es suficiente una transformación interna del estado, donde se imponga el trabajo colaborativo y transversal. Ni siquiera una cultura de apertura hacia la sociedad. Son condiciones necesarias pero no suficientes. Debe constatarse un movimiento en sentido inverso (sociedad hacia el estado) que requiere desarrollos en el acceso a la información y, sobre todo, en la formación ciudadana para desarrollar y potenciar su voluntad de transitar los distintos niveles de participación.

Al tratar el tema, nosotros también hemos señalado que la motivación para participar está directamente relacionada con la percepción de la eficacia política. Sostenemos que estas motivaciones pueden, tal como mencionamos, ir disminuyendo debido al desconocimiento del sistema político y a una percepción negativa de dicha eficacia.

Tal como hemos concluido en nuestra investigación sobre el GA canadiense (Kaufman, 2012), en la medida en que los ciudadanos perciban la estructura y funciones del estado como algo desconcertante, remoto o inaccesible, la voluntad de participación no se desarrollará o, si alguna vez existió, irá desapareciendo.

Por otra parte, la ciudadanía (en sus distintos grupos y atendiendo su complejidad interna) sólo decidirá ser parte, en forma positiva, si percibe que los funcionarios y empleados del estado son sus servidores públicos. Esa es una de las razones que motivan, en algunos planes, el impulso permanente de relevar la utilidad de la información divulgada.

Ni qué decir de la ausencia generalizada de medidas sobre gestión de la información, sobre todo cuando focalizamos la región. Ya hemos advertido, incluyendo un comentario de Ramirez-Alujas (2013: 17) acerca de la ausencia explícita de compromisos más concretos en materia de gestión documental y archivos en el sector público. Como bien señala dicho autor, tan importante como abrir los datos es definir políticas sobre la gestión documental, su calidad, resguardo, expurgo y recuperación, relacionadas tanto al ciclo de vida de los documentos cuanto al acceso y protección de la privacidad. No es suficiente que unos pocos países estén avanzando en dicho sentido, enfatizando la necesidad de estándares, organismos transversales, enlaces y profesionalización; o reconociendo los nuevos roles para los documentalistas y archivistas. Lo mismo sucede con la divulgación de repositorios con funciones de ventanillas únicas. De otro modo, nos hundiremos en la sobreabundancia de datos y en el caos que la misma significa.

Advertimos, por otra parte, que una de las dificultades encontradas en muchos de los planes es que registran medidas correspondientes a un escenario nacional. En ese nivel es muy difícil lograr posibilidades ciertas de diálogo entre el estado y la sociedad. Ello resulta mucho más fácil en los niveles sub-nacionales, incluyendo a los municipios.

En cuanto a lo relevado, se ha avanzado positivamente en las líneas ya destacadas en modelos/enfoques y tendencias. Seguramente se han producido cambios importantes en los modos en que los estados se organizan internamente y en sus mecánicas de conexión con la ciudadanía, sobre todo en lo que se refiere a la provisión de servicios. Las TIC han facilitado, seguramente, escenarios impensables en el pasado y, también, interacciones horizontales inexistentes anteriormente, al menos con la naturalidad y extensión manifiesta en la actualidad.

Por otra parte, la sola existencia de la OGP constituye un gran aliento para que se avance hacia cambios más profundos. Se está, además, materializando un aprendizaje horizontal entre países a través de sus planes. El propio sitio de la OGP pareciera ser de gran utilidad en dicho sentido, a lo que hay que agregar el lanzamiento del “Premio Gobierno Abierto”, iniciativa que se repetirá cada año con temas diferentes[3]. Esta última iniciativa ordenará el aprendizaje entre países.

Sin  embargo entendemos que queda bastante por hacer. La OGP podría ir ampliando sus temáticas orientadoras conforme van apareciendo en los propios planes, a fin de que el conjunto pueda identificar parámetros para medirse y avanzar; una especie de marco de referencia alimentado por la producción colectiva de los gobiernos a través de sus presentaciones.

Bibliografía

BID; Dassen y Ramírez-Alujas, 2014. Vientos de cambio. El avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe. IFD /ICS. Nota técnica # IDB-TN-629. http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6400/ICS%20TN%20Vientos%20de%20cambio.pdf?sequence=1, 2/04/2014.

Gascó Hernández, M., 2013. “No es oro todo lo que reluce: ¿qué hay detrás de las promesas de gobierno abierto en Iberoamérica?” Ponencia en el XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. – 1 nov. 2013.

Kaufman, E., 2012. Aportes sobre gobierno abierto y entrega de servicios. Experiencias canadienses. ISBN: 978-987-33-2658-5. Descargable en http://www.esterkaufman.com.ar/?page_id=512. 20/12/12.

López, R. P., 2013. “Gobierno abierto en Latinoamérica: análisis de los procesos y las iniciativas”. Ponencia en el XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Montevideo, Uruguay, 29 oct. – 1 nov. 2013.

Ramírez-Alujas, A. V., 2013. “Gobierno Abierto en la encrucijada: El cara y sello de la experiencia Latinoamericana en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership)”. Documento presentado en el IV Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG. INAP (Madrid, España), 23 y 24 de septiembre 2013. http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/A10-RAMIREZ_ALUJAS-2013.pdf 22/11/13.

[1] Para más información, ver www.gov/open .

[2] Las consultas que se volcaron en su “Open Government Consultation Report

[3] https://www.opengovawards.org/brief/Briefing_Materials_Spanish.pdf

Modelos resultantes de la investigación sobre los planes de acción de GA

Por Ester Kaufman, 7 agosto, 2014 19:08

Modelos básicos y enfoques singulares de GA. Países líderes

  1. Modelo básico general

El modelo básico general, encontrado en todos los planes de acción investigados, sería el que considera al GA como aquél que se ocupa de la transparencia de la gestión (fundamentalmente: accountability), cuenta con normativa sobre acceso a la información, al tiempo que desarrolla espacios de participación para involucrar a la ciudadanía en el ciclo de las políticas públicas. También es el que atiende a la mejora de los servicios públicos y de los canales de acceso a los mismos. En cuanto a la creación o mejoramiento de las capacidades institucionales, el GA apunta a temas de integridad pública como es el caso de la prevención y lucha contra la corrupción.

2. Modelo básico latinoamericano

Además de los términos del modelo básico general expuesto, existen coincidencias en América Latina respecto a la inclusión de los siguientes aspectos: el GA es también aquel que desarrolla campañas para sensibilizar a ciudadanos y funcionarios acerca de la apertura y sus beneficios; y que, en lo atinente a la información, proporciona mecánicas de transparencia activa, detección de información útil para la ciudadanía y para los consumidores, al tiempo que procura reducir las brechas sociales y digitales. En cuanto a la transparencia de la gestión, privilegia los sistemas e interfaces destinadas a las compras públicas. Respecto al aumento de las capacidades internas, el acento está puesto en la gestión interna de la transparencia a través de sistemas, metodologías y desarrollos tecnológicos. También considera especialmente las medidas hacia el exterior en lo relativo a la prevención o la lucha contra la corrupción.

3. Modelo básico no regional

Las coincidencias en el grupo no latinoamericano suman, al modelo básico general expuesto, medidas para fortalecer las capacidades internas para una gestión abierta, destinadas a la producción de guías / manuales y de metodologías vinculadas a la participación ciudadana, con ayuda de las TIC. También privilegian iniciativas relacionadas con la creación de espacios de participación destinados a recibir opiniones y sugerencias de la ciudadanía.

Como podemos ver, estos modelos básicos todavía descansan en lo que conocemos como gobierno electrónico con algunos temas agregados en torno a la integridad pública y a la participación.

No parecen verificarse avances tangibles en cuestiones sustanciales para una efectiva apertura de los estados desde un enfoque ciudadano, junto a la integración interna de los estados, en la misma sintonía. Para encontrar algunos indicios en esa línea tendremos que destacar iniciativas que permiten inferir enfoques singulares transitados por algunos pocos países.

4. Enfoques singulares

  • Enfoque ciudadano en servicios públicos, acceso / gestión de información e integridad pública

El GA es aquel que está privilegiando la gestión interna de información, con o sin producción de datos abiertos, a fin de proveer a la ciudadanía de información de calidad, oportuna y útil, organizada según criterios comunes (estándares, ontologías, protocolos, manuales, sistemas integrados, etc.) que permiten ir avanzando en la gestión documental y de archivos en forma sistémica y transversal. Ello implica destacar áreas específicas dedicadas a esta gestión y profesionalizar a quienes están a cargo de ella en todos los niveles. La información resultante debe ser crítica y en temas de alta prioridad para la población. En este enfoque también se atiende la integridad pública de los funcionarios.  Respecto a la provisión de servicios los mismos están pensados como sistemas que incluyen la opinión ciudadana como parte de la retroalimentación en pos de un mejoramiento continuo. Este enfoque concibe a la gestión de la participación con criterios transversales similares. La tecnología es una herramienta privilegiada para el logro de todos estos fines, en sus múltiples canales.

En esta línea, los líderes claves son Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá.

  • Gestión virtuosa de datos abiertos

El GA en estos casos descansa, además, en sistemas co-participativos de innovación público – privados, con base en la producción creciente de datos abiertos y que se aplica, fundamentalmente, al mejoramiento de los servicios públicos, siendo la propia ciudadanía parte de la retroalimentación. Contemplan medidas detalladas de gestión interna de esa innovación, con instancias de articulación transversal y de colaboración. Su líder indiscutido es Gran Bretaña. Le siguen Estados Unidos y Finlandia. En la región se destaca Brasil.

  • Enfoque nórdico, con acento en brechas

Además de las características mencionadas en el modelo básico, el GA debe facilitar el diálogo y la comprensión de la ciudadanía de lo que el estado difunde como información general, y de servicios, en particular. Para ello es necesario el testeo de dicha comprensión a fin de ir mejorando el lenguaje utilizado. Tales prácticas deben garantizar esta comprensión como un derecho ciudadano. Los líderes de este tipo de enfoque son Finlandia y Noruega.

En la región podemos encontrar algunas medidas relacionadas en Brasil y Colombia.

Como podemos observar, aquí no aparecen privilegiados los datos abiertos, pero sí el conocimiento y los procesos abiertos. Además, el plan descansa en el “Clear Language”. Noruega suma a este enfoque la reducción de la brecha social vinculada, en primer término, a la perspectiva de género.

  • Enfoque sudamericano, con acento en brechas

El GA se enfoca, además de lo señalado en el modelo básico general y en el latinoamericano, en la articulación transversal, diagonal y vertical en el territorio, con el fin de proveer al desarrollo de políticas sociales que reduzcan las brechas relacionadas con la discriminación a sectores vulnerables. También se concentra en políticas relacionadas con la alfabetización digital y a la conectividad, esto es, brecha digital. Argentina lidera ese conjunto. En estos casos, la brecha lingüística no es mencionada.

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